Me
parece que en una discusión como la que estamos involucrados, es necesario
realizar algunas puntualizaciones que orienten la decisión final, considerando
que lo que está en juego no solo es el valor de las multas, sino un tema
trascendental y estructurante para la ciudad, como es la movilidad.
Sería un error pretender resolver esta problemática
aislándola de su contexto; por el contrario, considero que lo saludable es reconocer a las multas como parte de una
estrategia integral de movilidad y mejor aún, como parte de un proceso de
construcción de ciudad y de ciudadanía; es decir, de cultura de convivencia
entre los quiteños, donde prevalezcan los intereses colectivos por sobre los
individuales y se garantice los derechos, pero también su necesaria contraparte
en las responsabilidades y obligaciones de cada uno.
Bajo
esta premisa, lo primero que hay que dejar sentado es que las multas no pueden
ser consideradas como una forma de financiamiento de la gestión municipal, y de
hecho en el caso de la movilidad y específicamente de la restricción vehicular
o la administración del espacio público para el estacionamiento no ha sido así,
al punto que debe reconocerse, y en los informes de la Administración General
así se lo hace, que por este concepto se recauda bastante menos del 1% del
presupuesto municipal; en otras palabras, es un malentendido, sin ningún
fundamento objetivo, señalar que con las multas se pretende o se había
pretendido fondear el gasto.
Más
preciso es reconocer que las multas son un instrumento de política pública para
corregir conductas desalineadas de los objetivos consensuados socialmente y
expresados en regulaciones normativas; por ello, es básico entender cuáles son
los motivos que justifican la reducción de los valores propuesta, no solo
expresados en el hecho de cumplir una oferta de campaña, lo cual ciertamente es
válido, sino además y complementariamente, desde la perspectiva de la movilidad
y la ciudad, cosa que lamentablemente no se puede verificar en el documento que
nos han presentado para este primer debate, ya que la exposición de motivos es
carente de argumentos en esta dirección.
En
estos años pasados, la política de restricción a la circulación vehicular, el
“pico y placa” y la de optimización del uso de la vía pública para
estacionamiento, o “zona azul”, fueron parte junto con otras decisiones, de un
eje de intervención orientado a cambiar la cultura de manejo y propender a un
uso más responsable del auto particular, que de la mano con la implementación
del sistema integrado de transporte público que tiene en la primera línea del
metro a su columna vertebral y con el desarrollo de la movilidad alternativa,
constituyen lo que llamamos el nuevo modelo de movilidad, anclado en una
consistente intervención en el territorio, para limitar la expansión horizontal
de la mancha urbana y propender a la creación de múltiples centralidades. En definitiva, lo que quiero señalar es que
el pico y placa y la zona azul, en su concepción y aplicación integral y no
solo en lo que tiene que ver con las contravenciones y las sanciones, respondió
a un concepto de ciudad y a un modelo de movilidad, que fue coherentemente
impulsado a lo largo de la administración anterior, en un proceso de diálogo
constante con la ciudadanía.
Solo
hago notar que el pico y placa, por ejemplo, fue planteado en el marco
conceptual de ese nuevo modelo de movilidad y junto con otras 23 medidas que
tenían que ver con infraestructura vial, transporte colectivo, transporte no
motorizado, control de tránsito y seguridad vial; y entre la presentación de
esta propuesta y la aprobación de la ordenanza 305, mediaron tres meses, en los
cuales se desplegó un amplio esfuerzo de socialización a través de los medios
de comunicación y en reuniones específicas con empresarios, comerciantes,
académicos, transportistas y otros grupos de actores involucrados.
Uno
podría evaluar los resultados de esta política desde varios ángulos y
seguramente que bien argumentado y justificado, todos son válidos; así que para
contribuir en este entendimiento más global de la problemática quiero referirme
a uno de esos ángulos, que tiene que ver con la seguridad vial, un tema a veces
invisibilizado frente a temas más comunes como la congestión o la comodidad de
quienes tenemos vehículo particular. En
este sentido, insisto, para valorar adecuadamente estas medidas, desde esta visión,
voy a recurrir a un indicador internacionalmente reconocido y es el número de
muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes.
Entonces,
empleando los datos oficiales publicados por el Observatorio de Seguridad
Ciudadana del Municipio, tenemos que desde inicios de este sigo y hasta el
2009, ese indicador se situaba alrededor de los 20, que es una cifra altísima,
incluso en comparación a otros países de la región, pero en los últimos tres
años, ese valor decreció en un 30%, situándose en 12,7 para el 2011, 13,3 para
el 2012 y 12,8 para el 2013. Creo que
apuntar nuestras decisiones para mantener esta tendencia a la baja e incluso
para profundizarla, es uno de los retos más importantes que tenemos, ya que
tras las estadísticas están cientos de vidas de seres humanos, particularmente
peatones que han sido salvadas como resultado de las intervenciones
realizadas.
Por
supuesto que en materia de movilidad la situación es dinámica y todo debate que
se abra sobre ello es bienvenido; sin duda que las regulaciones y las
orientaciones pueden mejorar o cambiar, pero lo importante es reconocer que
esos cambios o mejoras deben resultar de un análisis integral de la
problemática y no del tratamiento aislado de los temas; de tal manera de estar
seguros que las decisiones puntuales apuntan en la misma dirección estratégica.
Debo señalar que estando claro que la
reducción de las multas tiene consenso social, es deber de la actual
administración y de nosotros precautelar que no retrocedamos en los avances
logrados. Que tengamos claros que las
multas no se aplican a la mayoría de la población, sino a una minoría de otra
minoría, o sea, a los infractores de entre quienes tenemos vehículo, que es un
porcentaje muy pequeño de la población.
Cuidado con las señales que estamos dando, que esta decisión no se
entienda como mayor permisividad, que esta decisión no desaliente a la gran
mayoría que si cumple con la ley y que hace un esfuerzo por ser parte positiva
de la comunidad de la que forma parte.
Es
peligroso que la ciudadanía asimile que para vivir mejor no debe haber multas o
no se deben pagar impuestos; lo primero va de la mano con conductas sociales
equivocadas que atentan contra la convivencia ciudadana y el mensaje de multas
reducidas o económicas pueden generar un efecto de relajación social ante una
norma que precautela al otro. En ese sentido, también exigimos que comunicacionalmente
sea bien enfocado el tema y se insista en campañas de convivencia vial y de
respeto a los más vulnerables dentro de los esquemas de movilidad.
Si
la propuesta de la administración es bajar las multas, su responsabilidad es
continuar con la creación de una cultura ciudadana de respeto a la norma, que
en el caso del tránsito es expresión de solidaridad y de respeto entre todos
los usuarios de la vía; por tanto, sería muy saludable que para el segundo
debate se nos haga conocer formalmente cual es la visión integral que se nos
plantea para este período, de tal manera de que la ciudadanía tenga la seguridad
de conocer hacia dónde vamos en esta materia tan importante.
